Análisis

En los últimos meses hemos sido testigos de dos actos de ilegalidad y quebrantamiento del orden constitucional, actos realizados por Magistrados del Consejo Supremo Electoral.

Nos referimos a ilegalidad y quebrantamiento del orden constitucional al hecho que magistrados del CSE, emitieron dos cédulas de notificación cancelando la diputación a una diputada y un diputado de la Asamblea Nacional quienes habiendo sido electos mediante voto universal, igual, directo, libre y secreto, mediante el sistema de representación proporcional que establece la Constitución Política de Nicaragua y la Ley Electoral, pasaron a conformar parte del Poder Legislativo.

La Constitución Política establece las funciones específicas de los cuatro Poderes del Estado: Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral; expresa con claridad que estos son independientes entre sí y se coordinan armónicamente (arto. 129 Cn.); una vez declarados los electos, tomado posesión de sus cargos y entregadas las credenciales por parte del CSE, pasan a conformar parte del poder del estado a que corresponda la elección, en este caso los diputados pasan a conformar el Poder Legislativo de la Nación, lo que se reafirma con los artículos 183 Cn, que reza: Arto. 183.- Ningún poder del Estado, organismo de gobierno o funcionario tendrá otra autoridad, facultad o jurisdicción que las que le confiere la Constitución Política y las leyes de la República.

La cédula de notificación emitida por el CSE resuelve: “… Cancelar el Acta de Toma de Posesión y la Credencial…” bajo el amparo de los artículos 7 y 173 Cn; 10 y 82 Ley Electoral; sin embargo, el alcance de estos artículos está referido a la autonomía de los poderes del estado, las atribuciones del CSE como son: la organización, dirección y realización de los procesos electorales, conocer y resolver en última instancia, resoluciones, e impugnaciones en los procesos electorales, organizar bajo su dependencia  el Registro Central del Estado Civil de las Personas, la cedulación y el padrón electoral, entre otras relativas al desarrollo de los procesos electorales; dos elementos de suma importancia que destaca el arto. 173 Cn. son:

a) En el inciso 8, establece como obligación del CSE: “… hacer la declaratoria definitiva de los resultados…”, lo que implica que ya no existe ningún impedimento para que esos electos asuman con toda la legalidad que la ley establece el cargo para el cual fueron electos. En los casos que nos ocupa la cédula de notificación que el CSE ha emitido a dos diputados de la AN el 22 de Junio y el 26 de Julio del 2013; están completamente fuera de su competencia.

b)En el inciso 14, párrafo in fine, establece: “… De las resoluciones del Consejo Supremo en materia electoral no habrá recurso alguno ordinario ni extraordinario…”. nuestra constitución política protege el derecho ciudadano que libremente ha elegido a sus autoridades mediante el voto popular, de igual manera protege a las autoridades electas al establecer que de las resoluciones del Consejo Supremo en materia electoral no habrá recurso alguno ordinario ni extraordinario.

A ello se suma las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en las cuales no queda ninguna duda de la total independencia y autonomía que este Poder del Estado tiene respecto de los funcionarios libremente electos; de ahí que el inciso 5) del arto. 14,- establece como uno de los derechos de los diputados: “…Pertenecer a una Bancada Parlamentaria y notificar a la Secretaría de la Asamblea Nacional de su integración y renuncia”; aspecto que refuerza el arto. 80 al referirse a las Bancadas Parlamentarias y su integración el cual en su último párrafo dice: “…Cada Diputado se agrupará en la Bancada del Partido que le nominó para las elecciones, pudiendo separarse voluntariamente e ingresar o formar parte de otra Bancada en la Asamblea Nacional”.

Por su parte el artículo 17.- de la Ley Orgánica del Poder Legislativo establece que los diputados están exentos de responsabilidad por sus opiniones y votos emitidos en la Asamblea Nacional y que gozan de inmunidad; en todo caso no se puede arbitrariamente cancelar  un cargo de elección popular, se requiere cumplir con el procedimiento establecido por la Constitución Política y la Ley Orgánica del Poder Legislativo en los casos que claramente quedan establecidos en estos instrumentos jurídicos.

La Constitución Política establece que no tendrán valor alguno las leyes, tratados, órdenes o disposiciones que se le opongan o alteren sus disposiciones (arto. 182).

Finalmente no existe ningún sustento jurídico para inhabilitar de su cargo a un diputado o diputada por tomar la decisión de adherirse a otra bancada o realizar un voto razonado; por el contrario son actos respaldados por la norma jurídica.  En todo caso podemos decir que esta práctica de cambiar de bancadas por parte de diputados y diputadas se ha ejercido en otros años creando jurisprudencia en este tema, casos en los cuales el CSE no ha procedido de la misma forma y nada ha ocurrido, lo que demuestra la discrecionalidad de este Poder del Estado; trastocando la competencia que tiene cada Poder del Estado.

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